sábado, 16 de julio de 2011

El suicidio de soldados y la política de condolencias del presidente, Amy Goodman



Democracy Now!

traducido por Fernanda Gerpe y Democracy Now! en español

El Presidente Barak Obama anunció recientemente que será revertida la política de larga data por la que se negaban cartas de condolencia del presidente a las familias de soldados que se hubieran suicidado. Los familiares de soldados muertos en combate reciben cartas del presidente. Sin embargo, el silencio oficial ha significado durante mucho tiempo el estigma de los que se quitan la vida. Esta medida significa un cambio de postura que se esperaba desde hacía mucho tiempo respecto al reconocimiento de la epidemia de suicidios de soldados y veteranos de guerra en este país, así como de la cantidad de heridas ocultas que deja la guerra.


La negación de cartas de condolencia en los casos de suicidio cobró relevancia a nivel nacional cuando Gregg y Jannett Keesling hablaron acerca del suicidio de su hijo Chancellor Keesling. Chance Keesling se integró al ejército en el año 2003. Luego de prestar servicio activamente en Irak, fue transferido a las Fuerzas de Reserva del Ejército y llamado nuevamente para prestar servicio en Irak en el año 2009. Los años de guerra habían dejado sus huellas en el joven de veinticinco años de edad. Como me dijo su padre, Gregg: “Fue entrenado para la reconstrucción de Irak. Era un ingeniero de combate entrenado. Operaba equipos grandes y amaba dirigir esos grandes equipos. Sin embargo, al final, fue entrenado nuevamente como artillero táctico para sentarse sobre un todoterreno militar, un Humvee. Y todo esto, porque en realidad allá no se estaba haciendo mucha reconstrucción.”

Cuando Chance Keesling regresó a su hogar, intentó acceder a un tratamiento psiquiátrico a través del Departamento de Asuntos de los Veteranos de Guerra. Su matrimonio había fracasado y sabía que necesitaba sanar. Rechazó la oferta del Ejército de recibir un pago extra de veintisiete mil dólares para servir nuevamente en Irak. Finalmente, fue de todos modos enviado a Irak. Dos meses después de ser desplegado nuevamente, Chance llevó su revólver a una letrina y se disparó. En el informe que emitió, el Pentágono consideró su muerte como “un incidente no vinculado al combate”. Cinco meses después de su muerte y sumando a la herida el agravio, el Departamento de Asuntos de los Veteranos envió una carta a Chance, la cual fue recibida por sus padres, solicitándole completar su “Reajuste post despliegue.”

Kevin y Joyce Lucey entienden bien de qué se trata todo esto. Su hijo Jeffrey formó parte de la invasión a Irak en el año 2003. Luego de regresar a su hogar en Massachusetts, presentó síntomas de trastorno de estrés postraumático. A él y a su familia les fue casi imposible acceder a los servicios que necesitaban recibir a través del Departamento de Asuntos de los Veteranos. Jeffrey decidió automedicarse: se volcó al alcohol. Se vestía con ropas de camuflaje y caminaba por el barrio con su arma en la mano. Destruyó el automóvil de la familia. Una noche, tras cumplir veintitrés años, Jeffrey se acurrucó en el regazo de su padre, afligido. Kevin, su padre, recordó lo sucedido: “Esa noche me pidió si podía sentarse en mi regazo. Lo acuné durante tres cuartos de hora y luego se fue a su cuarto. Al día siguiente, el 22 de junio, lo tuve nuevamente en mi regazo mientras cortaba la soga que lo sujetaba a una viga.” Jeffrey Lucey se colgó en el sótano de la casa familiar. Sobre su cama yacían las chapas de identificación que había quitado a los soldados iraquíes a los que dijo haber matado.

Dado que Jeffrey era técnicamente un veterano y no estaba en servicio, su suicidio es uno más entre los miles que se sospecha que ocurren. Con frustración, Kevin Lucey resumió: “La cifra formal de suicidios que escuchamos nos parece tremendamente baja con respecto a la real. Debido a que, como decías, el suicidio de Jeff se encuentra entre los que no figuran en los cálculos, entre los que no son conocidos, los que no son reconocidos; es que en este momento ponemos el tema sobre la mesa ante la opinión pública, ya que sentimos, al igual que la familia Keesling, que es una situación que necesita ser discutida. Aunque hayan pasado los años, nuestro hijo murió en 2004, pero casi todos los años se anuncia la creación de una comisión presidencial de investigación. ¿Qué tan seguido es necesario investigar una epidemia de suicidios?”

No existe un sistema para llevar registro de los suicidios de los veteranos. Algunos estudios epidemiológicos llevados a cabo por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, así como otros estudios, sugieren que la tasa de suicidios en veteranos de guerra es siete u ocho veces mayor que en la población en general. Un informe del año 2005 y restringido a dieciséis estados estableció que los suicidios de veteranos de guerra representaban el veinte por ciento del total, un hallazgo extraordinario, considerando que los veteranos representan menos del uno por ciento de la población. Actualmente se cree que el trastorno de estrés postraumático afecta al treinta por ciento de los casi dos millones de soldados en actividad y veteranos de las guerras de Irak y Afganistán. La tasa de desempleo de veteranos de guerra de sexo masculino supera actualmente el veintidós por ciento.

Pensemos en una base: Fort Hood, Texas. El Mayor Nidal Hasan se enfrenta a la pena de muerte por presuntamente haber asesinado a trece personas en noviembre del año 2009 en el marco de un horrendo ataque sumamente difundido por los medios masivos de comunicación. Mucho menos conocida es la epidemia de suicidios que hay en esa base. Veintidós personas se quitaron la vida en ese lugar, tomando en cuenta sólo el año 2010.

Ni la familia Lucey, ni la familia Keesling recibirán una carta de condolencia del presidente a pesar del cambio respecto a esa política. La familia Keesling no la recibirá porque la medida no es retroactiva. La familia Lucey no la recibiría aunque lo fuera, ya que sólo se aplica a los suicidios cometidos por soldados en actividad desplegados en zonas de combate activo.

Quienes padecen trastorno de estrés postraumático pueden abandonar el campo de batalla. Lamentablemente, el campo de batalla nunca los abandona a ellos. Algunos ven en el suicidio su única salida. Ellos también son bajas de guerra.

Tomado de: REBELIÓN

martes, 12 de julio de 2011

Mariel Solís, estudiante de la UNAM (amigos y familiares piden su liberación)


Alejandro Saldívar



MÉXICO, D.F. (apro).- Está en prisión preventiva por un delito que, dicen, no cometió. Mariel Solís, de 23 años de edad, fue detenida sin orden de aprehensión. Como si se tratara de un “levantón”, agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal la subieron a la fuerza a una patrulla y la hostigaron para que se confesara responsable de un homicidio ocurrido hace dos años.
Mariel, pasante de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue detenida alrededor de las 8:30 horas del viernes 8 de julio. Al día siguiente, sin que se agotara el término constitucional de 72 horas para definir su situación legal, fue trasladada al penal femenil de Santa Martha Acatitla.
A las 8:30 horas del viernes 8 de julio, Mariel salía de su casa en la colonia Copilco cuando un par de judiciales le gritó desde su automóvil: “Mariel, Mariel Solís, ¿eres tú?” Mariel aceleró el paso sin hacer caso. “Mariel Solís, detente”, la increparon.
“Ella empezó a gritar y a llorar, pues pensó que se trataba de un secuestro”, relata su prima Nuria Muñoz.
“La subieron a la unidad y le ordenan que confiese el crimen. Ella negó todo y fue trasladada a la Fiscalía Central de Investigación para Homicidios de la PGJDF, en la delegación Azcapotzalco. Mariel no llegó a su trabajo, en la página web Sumedico.com, donde realizaba sus prácticas profesionales. Además, se la llevaron sin orden de aprehensión”, cuenta Muñoz.
Pero, ¿qué pasó?
El 12 de agosto de 2009, tres académicos del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la UNAM fueron asaltados y baleados en Coyoacán por dos delincuentes que sólo lograron despojarlos de cuatro mil de los 34 mil pesos que habían retirado de un banco.
El asalto se produjo poco después de las 13:30 horas, a las afueras de una taquería ubicada en el paradero de Copilco y Cerro del Agua, colonia Copilco Bajo, delegación Coyoacán.
Salvador Rodríguez y Rodríguez, doctor en Economía, opuso resistencia y uno de los delincuentes le disparó; la bala entró por el tórax causándole la muerte inmediata. En tanto, el académico Carlos Bustamante Lemus, de 63 años, resultó lesionado por dos impactos en el pecho y uno en la pierna.
El 19 de agosto de 2009, la PGJDF detuvo a Eduardo Adrián López Rivera, de 21 años de edad, presunto asesino del investigador universitario, después de asaltar a otro cuentahabiente en Álvaro Obregón.
Las pruebas
En los videos proporcionados por la sucursal bancaria el día del asalto, se observa a una mujer de cabello rizado y blusa escotada con los brazos cruzados. La mujer está en la fila mientras las víctimas hacen la operación financiera. La PGJDF presentó esa imagen como una de las pruebas en contra de Mariel Solís, de 23 años.
“En la mañana del viernes, le avisaron a su mamá que su hija estaba detenida por robo. Una vez en la Fiscalía apareció su nombre en una de las pantallas. La inculpaban por el delito de homicidio en tentativa y robo calificado. Llegamos en la tarde y nos permitieron hablar con ella hasta la noche”, asegura su prima.
La otra prueba de cargo es la declaración de uno de los homicidas del académico, que rotundamente identifica a Mariel Solís como cómplice de los delitos.
“A las 16:00 horas del sábado la consignaron en Santa Martha Acatitla. Se la llevaron antes de las 72 horas reglamentarias. Sólo su madre María Asunción pudo visitarla en el reclusorio”, dice Muñoz.
Aunque las pruebas testimoniales no son prueba plena para culpar a alguien, Mariel Solís tiene 144 horas (6 días) para la entrega de pruebas a su favor antes de que el juez dictamine una sentencia. De lo contrario podría pasar de dos a cuatro años en prisión preventiva.
Mientras tanto en la red social Twitter, bajo las etiquetas #MarielSolis y #EnlaUNAMno, sus familiares y compañeros de la universidad han comenzado una campaña para exigir la liberación de Mariel.
“Ese día era miércoles y tenía su clase de idioma. Iba en sexto semestre. Mariel se la vivía en la biblioteca y actualmente hacía su tesis. La ironía es que la culpen de la muerte de un catedrático de la UNAM, su alma mater”, puntualiza su prima.

Tomado de: Homozapping

La integridad de una persona en Chihuahua -otra- se halla vulnerada y vulnerable


Tomado de: Pocamadrenews.