UNO
“México no es un estado fallido…el Estado Mexicano
tiene un gobierno fallido”
Colapso del sistema de seguridad en México
José Francisco Gallardo
Rebelión
Los cuestionamientos a Felipe Calderón de cómo llegó al poder en 2006, a
través de un Golpe Militar “técnico”, con francotiradores apostados dentro del
Palacio Legislativo, producto de un proceso electoral tramposo, manipulado
desde las instituciones encargadas de arbitrar los resultados electorales y con
la aquiescencia de los poderes legislativo y judicial, lo llevaron a buscar
mecanismos para legitimar su gobierno.
Éste fue el móvil, y no otro, que hizo que Calderón declarara la “Guerra
Contra el Narcotráfico” el 22 de enero de 2007; antes, ataviado de
vestimenta militar, el 4 de enero del mismo año en Michoacán, rendía tributo a
los soldados y desafiaba con operativos conjuntos al narcotráfico. ¡Un palo al
avispero! Felipe Calderón, sin un plan, sin análisis y estrategia alguna, lanzó
una Cruzada Nacional contra la Delincuencia, con la que prometió ganar la
“guerra” al crimen organizado, ahora negada por él mismo. El término es casi el
mismo al de Ernesto Zedillo que lanzó la Cruzada Nacional contra el Crimen y la
Delincuencia el 26 de agosto de 1998 y en enero de 2001, Vicente Fox Quesada
convocó a la Cruzada contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado.
Ante integrantes de su gabinete y gobernadores, soberbio y ufano,
Calderón presentó en aquel entonces como ”avances” de su administración los
operativos conjuntos de seguridad, el traspaso de 10 mil efectivos de las
fuerzas armadas a la Policía Federal Preventiva, el aumento del presupuesto en
seguridad y la unificación de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la
PFP.1
Éste fue el inicio de la posición guerrerista de Calderón en el orden
interno, misma que se da en un contexto de neocolonización, como pocas veces se
había visto en la historia independiente de México (la dominación del Espectro Total),
promovida desde Estados Unidos (EE. UU.) y con los mismos objetivos de la
“Guerra contra el Terrorismo Internacional” decretada por George W. Bush,
después de los ataques a las Torres Gemelas en septiembre de 2001.
Una clara e intencional imposición de un Estado de Excepción de facto
impuesta por Washington a través de acuerdos bilaterales cupulares, tramados a
espaldas de la sociedad, como son la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad
de América del Norte (ASPAN) firmada por Vicente Fox-Bush en 2005, y la
Iniciativa Mérida, acordada entre Felipe Calderón-Bush en 2007; se trata de una
embestida total y agresiva de las políticas neoliberales en nuestro país que
amenazan los aspectos de energía, seguridad, autodeterminación y soberanía, y
sobre todo, el sometimiento del poder armado del Estado mexicano y su sistema
de defensa a los intereses de Washington, el último bastión de nacionalismo que
tenía la nación para defender su integridad.
Lejos se trata de enfrentar el problema del narcotráfico o del
terrorismo internacional, cuyas fuentes se encuentran en la política
prohibicionista de las drogas encabezada por EE. UU., en el sistema
económico-financiero especulativo, y en la actuación deficiente, más bien
alcahueta de los aparatos de seguridad estadounidenses para el control del
tráfico de armas y drogas, consumo y proliferación de estupefacientes.
Se evaden las causas centrales del problema. No obstante que en EE. UU.
existe una prohibición de antaño para que la manu militari realice operaciones de
seguridad y aplicación de la ley dentro de su territorio (Posse Comitatus Act,
1878), exportan la intervención militar en el orden interno dentro de su área
de influencia en el ámbito global.
La lucha contra el narcotráfico, por tanto, no es un asunto central de
combate al crimen en sí misma, sino la garantía para acceder a los recursos
estratégicos, de anexión y ocupación territorial, de sometimiento de las
fuerzas de seguridad (policía y ejército) a los mandos del Pentágono, ya que
EE. UU., se arroga ser el gendarme mundial; ¡Eh aquí! los soportes de la
expansión del capitalismo neoliberal: empresa, estado y ejército, que hoy
amenaza con la extinción de la humanidad.
Desde la visión geopolítica actual, los Estados no desaparecen, sino que
les corresponde encargarse de la política a través de la diplomacia y de la
acción directa, esto es, hacer uso de la fuerza explícita para mantener el
statu quo dentro de un contexto de lucha por la hegemonía global.2
Un imperio como el capitalista, en el siglo XXI, requiere de una
elaborada arquitectura militar para poder expandir, proteger y consolidar sus
grandes intereses económicos; a ello se debe, en cierto modo, la militarización
global.3
El gobierno de Calderón cayó en este juego, como una demostración de
fuerza por la débil legitimidad y falta de capital político para gobernar, al
igual que George W. Bush la tenía hasta antes de 2001, lanza a las calles a las
fuerzas armadas trastocando el frágil equilibrio que históricamente ha existido
en la relación civil-militar en México, lo que nunca se ponderó por sus
consecuencias en la criminalización de los movimientos sociales, las miles de
muertes, ejecuciones y desapariciones extrajudiciales contra civiles, las
deserciones masivas de efectivos militares, el colapso del sistema de seguridad
y defensa, así como sus desenlaces políticos.
Lo que conlleva un problema de fondo, que ha sido ignorado por las
cúpulas de poder civil y militar mexicanos y estadounidense, inducido por la
política intervencionista directa en los asuntos internos de México, a raíz de
gobiernos entreguistas y apátridas, y los tratados bilaterales comerciales, de
energía y de defensa: el vínculo entre el narcotráfico y las estructuras
financieras.
Así, las políticas de fuerza policiaco-militares de Calderón, ya sea
para legitimarse en el poder o combatir al narcotráfico, abren espacios de
oportunidad para que EE. UU. promueva su agenda de seguridad hacia México y al
resto de América Latina: a través de la Iniciativa Mérida articulada a su
proyecto expansionista, que ahora amenaza con una inminente intervención
militar al territorio mexicano.
Esta situación exaspera ahora a los altos mandos militares, cuando ellos
mismos aceptaron entrar en el juego de Calderón y permitieron la intervención
de EE. UU. a través de la Iniciativa Mérida: inmiscuirse en los asuntos de
seguridad, esto es, el alto mando militar, ya había abdicado en su misión
constitucional de Defensa Nacional, ¡Ahora, de qué se queja!
Lógico, la “guerra contra las drogas”, inducida desde Washington, es una
maniobra encubierta para intervenir militarmente a México, que ninguna agencia
de inteligencia percibió en su momento, 4 con la justificación de más seguridad
como reclamo social en el orden interno y con el maquillaje de ayuda
humanitaria en el orden internacional, debido a la incapacidad del gobierno
para proteger a sus ciudadanos y controlar la inseguridad, convertida hoy en
día, a través de una operación de propaganda dirigida desde Estados Unidos,
como amenazas de larga data, a su seguridad nacional.
TOMADO DE: Pocamadrenews
DOS
Importantísimas declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo
Tomado de: Pocamadrenews
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